<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1609420709362109&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
    Madrid contra la okupación: Así es la nueva ley que plantea para el desalojo inmediato

    Madrid contra la okupación: Así es la nueva ley que plantea para el desalojo inmediato

    Recibe todas las novedades

    Según el gobierno de Madrid, en 2022 cuentan con cerca de 4.500 viviendas okupadas, lo que supondría unas 1,5 viviendas okupadas por cada 1.000. Conoce la ley que plantea la Comunidad para que el desalojo de los okupas sea lo más rápida posible.

    La okupación se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de muchos propietarios en España que, lejos de encontrar una solución al problema, solo han visto crecer una cifra.

    Radiografía de la situación actual

    La okupación en España es un delito recogido por el Código Penal. Actualmente, puede darse de dos formas: la usurpación de una vivienda como delito leve, sin pena de prisión, o el allanamiento de morada, que puede tener una pena de hasta cuatro años de cárcel.

    Para diferenciarlas, hay que entender que el allanamiento de morada se da cuando se trata de una vivienda -habitual o segunda residencia- habitada. Los abogados especializados en la materia, afirman que la mayoría de casos se producen como usurpación de vivienda y, muchos casos, acaban resolviéndose por la vía civil por lo que no se incluyen en las estadísticas de procedimientos penales. Además, los afectados suelen ser grandes tenedores, personas jurídicas, bancos o fondos de inversión.

    La Plataforma de Afectados por la Ocupación, indica que este es un problema que afecta a unos 100.000 inmuebles en toda España y estima que, al día, se producen cerca de 40 okupaciones en el país. Sin embargo, al tratarse de una actividad clandestina, resulta difícil conocer cifras exactas para hacer un escáner cien por cien fiel a la realidad.

    Lo que sí podemos determinar es que, teniendo en cuenta el número de denuncias, han aumentado en comparación al 2019 y 2020. Partiendo de estos datos, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid serían actualmente las comunidades más afectadas por esta problemática.

    La Comunidad de Madrid, propone al Gobierno cambiar las leyes

    Ante esta problemática situación, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, propone al Gobierno cambiar las leyes con el objetivo de que el propietario se sienta más protegido y, asimismo, proteger la propiedad individual. Según el gobierno de la Comunidad, cuentan con cerca de 4.500 viviendas ocupadas, lo que supondría unas 1,5 viviendas ocupadas por cada 1.000.

    En este cambio propuesto por el PP, propone que el okupa sea expulsado de la vivienda en un plazo de 48 horas si no dispone de ningún documento que acredite que el propietario le haya permitido el alojamiento.

    Hasta el momento, son los propietarios quienes deben demostrar que no han permitido vivir al okupa estar en la vivienda, lo cual suele complicar el proceso porque normalmente las escrituras y el resto de documentos, suelen estar guardados en los propios domicilios a los que no pueden acceder una vez la vivienda ha sido ocupada.

    Sin embargo, se trata de una situación delicada, ya que se trata de un problema con dos caras. No solo afecta a los propietarios de la vivienda, sino que, aunque gran parte de la ocupación procede de mafias organizadas, en España suelen ser personas sin recursos que no pueden hacer frente a los gastos de una vivienda.

    Además, lejos de mejorar la situación, la pandemia del Coronavirus y la posterior recesión, no ha hecho más que agravar el problema. Comunidades que hasta el momento no habían sido especialmente afectadas, como Murcia y Baleares, empezaron a sumar el número de denuncias.

    ¿Qué ocurre en Cataluña? La polémica de la ley Vivienda

    Actualmente, Cataluña es la comunidad autónoma que presenta peores cifras en cuanto a denuncias por okupación. Se calcula que con 17 denuncias por cada 10.000 viviendas supera más de 10 veces a las seis comunidades con menor índice de denuncias. Por tanto, es una realidad decir que estas han crecido desde 2016 en toda España, pasando de 27 a 40 denuncias diarias en todo el país en estos últimos cuatro años, teniendo en cuenta que, Cataluña registra casi la mitad de los casos de toda España.

    A esta situación se le suma la Ley 1/2022, de 3 de marzo. Uno de los principales objetivos de esta ley era que, se recuperasen de la Sentencia el Tribunal Constitucional 16/2021, las medidas urgentes para mejorar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual, los cuales se vieron afectados por los impactos económicos de la pandemia y la recesión.

    De este modo, la ley pretendía ajustar los supuestos de vivienda vacía y regular las competencias tanto para declarar la utilización -o situación- anómala de las viviendas, como para requerir a las personas responsables la adopción de medidas para corregirlas y ordenar su ejecución forzosa en caso de incumplimiento de los requerimientos. Por tanto, grandes tenedores -personas jurídicas que tuviesen en su titularidad más de diez viviendas-, tendrían que responder ante ciertas obligaciones asociadas a inquilinos morosos u okupas que acreditaran su vulnerabilidad económica.

    Sin embargo, esta gestión de los alquileres sociales obligatorios ha sido motivo de polémicas desde su publicación. ¿Por qué? Las empresas financieras deben cumplir la condición obligatoriamente. En cuanto a los demás afectados, podrían acudir al Gobierno catalán para que se haga cargo del pago el alquiler social. De este modo, la Agencia de Vivienda de Cataluña debería ocuparse del contrato de arrendamiento o sufragar el pago a través de ayudas directas.

    Con la ley, se busca poner fin a los desahucios y decretar la expropiación de propiedades que llevaban deshabitadas durante 2 años sin justificación. Estas se confiscarían independientemente de ser empresas, entidades financieras o particulares.

    Por el momento, la Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha detallado dónde se han producido los 57 expedientes sancionadores a grandes propietarios resueltos con multas de 30.000 euros. Sin duda, una situación completamente opuesto a la que se plantea en la comunidad de Madrid, aunque también en un contexto distinto.

    ¿Funcionaría en Cataluña? Es un debate que sigue abierto, así como la decisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a quien Ada Colau presiona para la acelerar la tramitación de la ley de Vivienda. El objetivo de la alcaldesa de Barcelona, conseguir regular los alquileres y encontrar una alternativa al desahucio para familias vulnerables.

    Contacta con nosotros para conocer las últimas novedades del sector.

    Contacta con un experto

     
    francesc-quintana

    Francesc Quintana

    Executive Director

    f.quintana@vivendex.com

    Recibe todas las novedades

    También te puede interesar: